Creo que...
¿Que todo quede como está -y Clarín quede intacto- o que el Estado
intervenga para garantizar una redistribución mediática más
“equitativa”? La discusión se polariza de cara al
7D, sobre el
cual hay más incertidumbres que certezas. El gobierno logró
desplazar a los jueces Farrell y Kiernan, que actuaban en la Cámara
Civil y Comercial Federal donde se tramita la causa de Clarín contra la
Ley de Medios. Sigue el show obsceno en la Justicia, demostrando una vez
más que su independencia es una falacia.
Mientras el titular de
la AFSCA, Martín Sabbatella, asegura que no se va “a expropiar ni
estatizar” sino que se concursarán las licencias que cada grupo tenga de
más según la ley; el gerente de Comunicaciones del Grupo Clarín, Martín
Etchevers, adelantó que ellos no presentarán ningún “plan de
adecuación” (Reuters 30/10/12).
Los contendientes hacen su juego
en nombre de la “democratización”, la “libertad de expresión” y la
“pluralidad de voces”. Pero como se sabe desde el principio mismo de
la discusión del proyecto de Ley de Medios, la disputa entre el gobierno
y Clarín es una pelea entre capitalistas, ajena a los intereses del
pueblo trabajador. Para comprobarlo, qué mejor que echar una (nueva)
mirada sobre la realidad de ambos “bandos”.
La Corpo
Nunca
está demás recordar que Clarín es uno de los grupos económicos más
importantes del país y de Latinoamérica. No sólo en materia de medios
(distribución de cable, canales de TV, radios, diarios, portales web,
imprentas, editoriales, distribución de libros, etc.) sino que participa
comercial y financieramente en otros rubros. Un verdadero exponente de
la “burguesía nacional” con la que alguna vez se entusiasmó Néstor
Kirchner.
Algunas veces mediante pactos y otras con extorsiones, ya conocemos que
La Corpo
logró incalculables concesiones del Estado: desde los clasificados que
Perón en los ’40 le transfirió desde La Prensa, hasta la fusión de
Cablevisión-Multicanal firmada por Kirchner en 2007, pasando por el
“regalo” de Papel Prensa de Videla, la entrega de Radio Mitre por
Alfonsín, de Canal 13 por Menem y la pesificación de deudas y la “Ley
Clarín” de Duhalde (redactada por el hoy senador k Pichetto).
El
cinismo y la hipocresía parecen no tener límites en el siniestro Grupo
de Noble-Magnetto que defiende su poder en nombre del “periodismo
independiente” y “todas las voces”. Pero no es menos cínico e hipócrita
decir que Clarín hoy es la mayor “amenaza a la democracia” ocultando que
fue esta misma democracia para ricos la que le dio su poder a estos
magnates derechistas de la censura y la desinformación.
La Korpo
Por
su parte, el gobierno nacional disfraza su “cruzada” contra Clarín con
ropajes de épica democrática. Sin embargo, el kirchnerismo no puede
presentar un solo ejemplo, a lo largo de esta década de gobierno, que
muestre su “voluntad democrática” en términos comunicacionales. Ni
hablar si recordamos su noviazgo con Clarín entre 2003 y 2008. Pero
tampoco en los últimos cuatro años, en los que impulsó la formación de
un conglomerado mediático con empresarios amigos (ver
mapa de medios K).
La ausencia de una real libertad de expresión en los medios sobre los
que influye directa o indirectamente el gobierno es una característica
del “modelo”. Buscando construir un relato alternativo a Clarín, los
medios estatales y los privados sostenidos con grandes porciones de la
pauta oficial, montan una maquinaria de propaganda en la que no hay
lugar para la crítica, el debate y mucho menos el cuestionamiento a las
políticas oficiales. El mayor ejemplo es Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado (RTA). Canal 7, Radio Nacional y Télam carecen de
todo espacio dedicado a la “multiplicidad de voces” y al debate político
e ideológico. No hay un solo programa ni espacio otorgado a alguna
organización política, gremial o cultural que no esté alineada
incondicionalmente con la Casa Rosada. El kirchnerismo, al cuidar los
intereses del conjunto de su clase social, no cambió la lógica histórica
y respetó siempre esa "ley" por la cual los medios estatales son
propiedad del “ganador” y cumplen el papel de voceros oficiales.
Sólo
reconociendo esta marca a fuego del “proyecto nacional y popular” se
puede entender la paradoja de que muchas veces se escuchen “otras voces”
(por ejemplo de la izquierda y el sindicalismo combativo) a través de
los medios opositores. Esos medios claramente aceptan difundir a
sectores críticos (¡y hasta anticapitalistas!) por su interés
oportunista de pegarle al gobierno como sea o porque se lo impone la
lucha de clases. Pero es inocultable el interés mayor del propio
gobierno de que esas voces ni siquiera asomen por las pantallas y
micrófonos dirigidos desde los despachos oficiales.
¿Por qué
creer, entonces, que todo sería distinto si el gobierno avanzara sobre
algunos multimedios con cierto intervencionismo estatal o repartiendo
más frecuencias entre empresarios y organizaciones afines?
Todos patrones
¿Clarín
o el Gobierno? Esa es la cuestión, creen muchos intelectuales,
periodistas, gente de medios comunitarios y alternativos y hasta
cierta izquierda. Sin embargo esa falsa disyuntiva queda en evidencia,
todos los días, al interior de los propios medios. Y quienes la
comprueban son sus propios trabajadores.
En este punto hay que
aclarar que no incluimos en la categoría “trabajadores” a las grandes
figuras periodísticas que actúan de voceros de cada bando. Ellos no son
proletarios de la comunicación sino verdaderos gerentes (o directamente
socios) con abultados contratos que nada tienen que ver con los
devaluados salarios que perciben por convenio miles de trabajadores de
prensa, fotógrafos, gráficos, técnicos, operadores, camarógrafos,
locutores, etc.
Los altos niveles de flexibilización laboral,
prepotencia patronal y pérdida de conquistas históricas de los últimos
años convirtieron al sector de los medios (compuesto por varios
sindicatos) en uno de los más precarizados y atomizados. Miles de
trabajadores en todo el país (muchos egresados de facultades y escuelas
de periodismo) llevan años de inestabilidad laboral.
En el diario
Clarín hace más de diez años que no hay Comisión Interna. Diez años de
atropellos constantes, estableciéndose una verdadera dictadura patronal.
El gobierno desde 2008 denuncia la situación, pero no tomó una sola
medida seria para obligar a Magnetto a respetar los derechos de los
trabajadores. Y la conducción de la UTPBA, el gremio de prensa de Buenos
Aires, se borró olímpicamente dejando a cientos de laburantes a la
deriva soportando en soledad la saña de la Corpo.
Otro ejemplo:
en Radio Nacional hace tiempo se repiten conflictos donde la patronal, o
sea el Estado, persigue a los trabajadores que pelean por sus
reivindicaciones. Cuando los empleados de la emisora decidieron formar
un sindicato propio, ATRANA (que acaba de lograr con su lucha un fallo
favorable para obtener su personería), la respuesta de los funcionarios
fue más persecución y hasta el intento de despido de quienes encabezaban
la nueva organización.
Estos ejemplos se repiten en infinidad de
empresas (privadas y estatales), desde los grandes multimedios a las
“pymes” regionales que tienen decenas de empleados contratados, con
sueldos por debajo del convenio y sin cobertura social.
Las
excepcionales conquistas de los últimos años (como la reincorporación de
delegados despedidos en Canal 13/TN, las mejoras del régimen de
pasantías en Página/12, etc.) les fueron arrancadas a las patronales,
sorteando también múltiples trabas impuestas por el Estado. Las muchas
derrotas (despidos masivos en Crónica y AGR, cierre de Crítica, censura
en medios k como a Tomás Eliaschev en Veintitrés y a Darío Aranda en
Página/12, etc.) contaron con el aval oficial y con la garantía de “no
luchar” por parte de las direcciones gremiales. Otros ataques patronales
fueron respondidos con una amplia solidaridad por parte de muchos
compañeros y delegados de base. Así se frenó hace pocos días el despido
de 21 trabajadores de Perfil con un contundente paro y la solidaridad
extendida que obligó al Ministerio de Trabajo a dictar la conciliación
obligatoria. Sin embargo, la norma de todos estos años fue la derrota y
pérdida de conquistas con el rol nefasto de las conducciones sindicales.
Democratizar los medios de verdad
Plantear hoy la cuestión en términos de
“o se está con Clarín o se está con el Gobierno” es
caer en una trampa. Si colocarse del lado de Clarín es defender un
esquema mediático monopólico y reaccionario, entusiasmarse con una
hipotética intervención estatal o con una redistribución k sobre los
medios es depositar expectativas en el garante último de la más absoluta
falta de libertad de expresión: el Estado capitalista.
Los
medios de difusión e información no son análogos a cualquier sector de
“servicios públicos”. Dentro de todas las actividades sociales, la
difusión de ideas, el debate e intercambio de opiniones y la puesta en
común de la producción artística y cultural son las que deben tener
garantizada la mayor libertad de acción por parte de los individuos y
sus organizaciones. Los medios de comunicación masiva son instrumentos
centrales para la producción ideológica. De allí que cualquier
intervención dirigida desde las oficinas gubernamentales sobre lo que se
difunde y expresa no es otra cosa que una amenaza directa a la más
elemental libertad de expresión. Cualquier ataque a la libertad de
prensa y expresión, así sea hoy contra medios u organizaciones de la
derecha, sienta un peligroso precedente que seguramente será usado
mañana por la burguesía para avanzar contra los trabajadores y la
izquierda en momentos de radicalización de la lucha de clases. Como
afirmaba León Trotsky en su trabajo
La libertad de prensa y la clase obrera,
“tanto
la experiencia histórica como teórica prueban que cualquier restricción
de la democracia en la sociedad burguesa, es, en último análisis,
invariablemente dirigida contra el proletariado (…) En último
análisis, la agudización de la lucha de clases obligará a las burguesías
de cualquier tipo a llegar a un arreglo entre ellas mismas; aprobarán
entonces leyes especiales, toda clase de medidas restrictivas, y toda
clase de censuras ‘democráticas’ contra la clase obrera”.
Frente a la discusión del
7D,
no podemos intervenir optando por el supuesto “mal menor”. Lejos de
cualquier expectativa en que este Estado pueda devolver una supuesta
democracia arrebatada por las corporaciones, hay que denunciar sin
ambigüedades que entre Clarín y el Gobierno la disputa no tiene nada que
ver con una ampliación de las libertades democráticas.
Ni oligopolios mediáticos, ni medios regulados por el Estado
Nuestra
lucha es porque todos los medios de comunicación masiva sean
gestionados directamente por sus propios trabajadores, con la
participación de amplios comités de lectores, audiencias y públicos. Sin
injerencia del Estado ni de las empresas, es decir sin funcionarios ni
gerentes en sus oficinas pero también sin condicionamientos por medio de
la pauta publicitaria, estatal o privada.
El Estado sí debe
garantizar las condiciones materiales y técnicas para que todos los
medios funcionen en igualdad de condiciones. Gestionados por quienes los
hacen funcionar, los medios deben abrirse a absolutamente todas las
expresiones políticas, culturales y artísticas, incluyendo por supuesto a
aquellas que no coincidan con la orientación mayoritaria, entregando
espacios gratuitos a las organizaciones de la sociedad para que difundan
sus ideas sin restricciones.
La comunicación y la información
serán “servicios públicos” cuando, despojadas de la reglamentación
capitalista, toda la población acceda a ellas mediante un sistema
público nacional de distribución de televisión, radio e Internet, con
acceso libre y gratuito para los trabajadores y el pueblo pobre y con
tarifas progresivas para empresas y sectores ricos. En estos tres años
el gobierno permitió a muchas corporaciones actuar “fuera de la ley”,
mientras se negó sistemáticamente a entregar el 33% del espectro
radioeléctrico que supuestamente se reservaba a organizaciones “sin
fines de lucro”. Por un lado reparte jugosos recursos a “ONG’s” amigas;
por otro, cientos de organizaciones populares y “alternativas” quedan
atrapadas en una maraña de trámites sin más resultado que la
comprobación de la negativa oficial a entregar nada. Hay que dar un paso
adelante y exigir la inmediata entrega de licencias y financiamiento
(en base a impuestos específicos a los grandes grupos) a las
organizaciones obreras y populares para que desarrollen sus propios
medios, en igualdad de condiciones técnicas, operativas y de alcance de
los grandes medios privados.
Para luchar por esta perspectiva es
necesaria la más amplia movilización y autoorganización de los propios
trabajadores de los medios, asociados al resto de la clase trabajadora,
junto a los públicos y las audiencias. Es indispensable la plena
libertad de organización y elección de delegados al interior de las
empresas de comunicación, imponiéndole a las direcciones de los
sindicatos que se pongan a la cabeza de esa pelea o barriendo con ellas y
eligiendo a nuevas conducciones que representen y defiendan los
verdaderos intereses de los trabajadores de los medios. Esas
organizaciones democráticas, uniendo lo que las conducciones dividieron
durante años, debe contar con espacios gratuitos en los propios medios
donde trabajan, para expresar sus posiciones, sobre todo si éstas son
contrarias a las líneas editoriales de las patronales, sin censura ni
restricciones. Hay que defender el Estatuto del Periodista, esa
conquista histórica del gremio de prensa que, irónicamente, ni siquiera
es mencionada en la Ley de Medios.
Queda demostrado que una pelea
por la verdadera libertad de expresión para las mayorías populares,
tanto en Argentina como en el mundo, excede ampliamente a una disputa
por intereses mezquinos entre bandos capitalistas como la expresada hoy
entre el Grupo Clarín y el gobierno de Cristina Fernández asociado a un
puñado de “corporaciones” amigas.
Así estan las cosas País... por ahora.
